El proyecto plantea exámenes al asumir y cada seis meses para autoridades y funcionarios políticos, con protocolos de confidencialidad y contraprueba.
El bloque de concejales Nuevos Aires, integrado por Paola Basso, Damián Mosquera y Belén Santos, presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear un Programa Obligatorio de Control Toxicológico para el Ejercicio de la Función Pública.
La iniciativa alcanza al intendente, concejales, secretarios, subsecretarios, directores y demás funcionarios políticos municipales. Según el texto presentado, los controles deberían realizarse al momento de asumir el cargo y repetirse cada seis meses, sin mecanismos de selección aleatoria o discrecional.
Para los funcionarios que ya estén desempeñando sus tareas cuando eventualmente entre en vigencia la ordenanza, se establece que el primer examen deberá efectuarse dentro de los 30 días.
Los análisis contemplados por el proyecto buscarán detectar la presencia de distintas sustancias psicoactivas, entre ellas cocaína, cannabis, opioides, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos. El procedimiento comenzaría con un test sobre una muestra de orina y, en caso de obtenerse un resultado positivo, debería efectuarse un estudio confirmatorio.
La propuesta establece que los resultados serán considerados información vinculada con la salud y deberán manejarse bajo condiciones de confidencialidad y protección de datos personales. La persona sometida al examen también tendrá derecho a solicitar una contraprueba.
El proyecto especifica que un resultado positivo no provocará automáticamente la suspensión, destitución ni pérdida del cargo. Ante un caso confirmado, deberá intervenir un equipo médico interdisciplinario para evaluar la situación y determinar si corresponde recomendar seguimiento, asistencia o tratamiento.
Además, el texto señala que la sola detección de una sustancia no permitirá concluir que el funcionario se encontraba intoxicado mientras ejercía sus tareas, que presenta una adicción o un consumo problemático, ni que carece de aptitud para desempeñar sus funciones.
Si la evaluación médica determina que resulta necesaria alguna asistencia, se prevé el acceso a los dispositivos disponibles dentro del sistema público de salud. Asimismo, un eventual tratamiento no podrá ser utilizado como elemento de discriminación.
La iniciativa también establece consecuencias frente a una negativa injustificada a realizar el control. Para los funcionarios designados por el Departamento Ejecutivo, esa conducta sería considerada una falta grave y podría derivar en el cese, luego de garantizar el correspondiente descargo.
En el caso del intendente y los concejales, la negativa también sería considerada una falta grave a los deberes del cargo, aunque no implicaría automáticamente la pérdida del mandato. En esas situaciones deberían aplicarse los procedimientos contemplados en la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Otro de los puntos incluidos en la propuesta determina que los costos de los análisis, los estudios confirmatorios y las eventuales contrapruebas estarán a cargo de las personas examinadas.
El proyecto deberá ahora atravesar el análisis correspondiente dentro del Concejo Deliberante, antes de avanzar hacia su eventual tratamiento y votación.
#NuevosAires #ConcejoDeliberante #ControlToxicológico #FuncionariosMunicipales #PolíticaLocal #SanPedro #DamiánMosquera #BelénSantos #PaolaBasso