En las últimas semanas, intendentes del conurbano bonaerense manifestaron su inquietud frente a la disminución de la recaudación y el incremento de la demanda de asistencia social. Han realizado reuniones, marchas al Ministerio de Economía y hasta consideran acciones legales para reclamar respuestas por lo que definen como una crisis financiera que afecta a los municipios.
De acuerdo a las autoridades locales, aunque hay sectores con cierto dinamismo, el desplome de la construcción, industria y comercio, así como la caída sostenida del consumo, siguen perjudicando la situación social y financiera de la provincia y en particular del conurbano.
Según cifras oficiales, Buenos Aires registró desde fines de 2023 una caída del 4,4% en la actividad económica (sin contar agro e intermediación financiera). Solo en este periodo, cerraron 5.832 empresas y se sumaron más de 164.915 desempleados, de los cuales la mayoría reside en la zona metropolitana.
En lo que respecta a la coparticipación, los ingresos transferidos cayeron 11% en el primer trimestre del año, sin compensación de otros fondos nacionales. Se estima que la provincia perdió más de 22 billones de pesos y los municipios cerca de un billón.
La preocupación de los jefes comunales se centra en el hecho de que la baja en los ingresos coincide con una creciente demanda de ayuda social, especialmente en alimentos y medicamentos, acentuando la presión sobre escuelas y hospitales públicos.
En este contexto, cerca de 150 intendentes presentaron un reclamo formal ante el Ministerio de Economía cuestionando la administración de los fondos recaudados por impuestos al combustible. Advierten que la asistencia alimentaria en La Matanza, el distrito más populoso, pasó de 80 mil a 160 mil familias asistidas y observan el regreso de prácticas de trueque en diversas plazas.
Los datos del INDEC marcan que en el cuarto trimestre de 2025, la desocupación en el Gran Buenos Aires alcanzó el 9,5%, la cifra más alta del país, mientras que los niveles de pobreza e indigencia en los 24 partidos del conurbano fueron del 32,6% y el 8% respectivamente.
Indicadores privados como los de Banco Provincia y Poliarquía confirman una fuerte contracción del consumo y un marcado deterioro social, con familias que multiplican las fuentes de ingreso y recurren al crédito para gastos cotidianos.
A pesar de este escenario, los intendentes descartan por el momento la posibilidad de una crisis social comparable a la de 2001, dado que se mantiene la asistencia estatal básica para los sectores más vulnerables. Sin embargo, advierten sobre una «implosión» social, donde el malestar se manifiesta en el ámbito privado, con un aumento de la violencia doméstica, adicciones y problemas de salud mental, afectando especialmente a la clase media.