La abogada de la familia Rey habló sobre el avance del juicio y explicó los motivos por los que Cecilio Salazar fue convocado a declarar como testigo.
El juicio oral y público contra Maximiliano Cabaleyro, dirigente del Sindicato de Camioneros, y otros imputados vinculados al conflicto con la firma Rey Distribución continúa desarrollándose ante el Tribunal Criminal N° 1 de San Nicolás. En ese contexto, la abogada Florencia Arieto, representante de la familia Rey, se refirió a las pruebas incorporadas al debate y a la declaración testimonial del intendente Cecilio Salazar.
En declaraciones a FM Génesis y San Pedro Informa, Arieto sostuvo que la acusación logró respaldar durante las audiencias los hechos que llevó a juicio. Según explicó, además de las declaraciones testimoniales, durante el proceso se incorporaron escuchas obtenidas en el marco de la investigación.
“Nosotros creemos que hemos sostenido nuestra acusación con las pruebas, los testigos han sido conducentes”, señaló la letrada, quien afirmó que la querella se encuentra conforme con el desarrollo del debate.
De acuerdo con Arieto, durante las jornadas del juicio se presentaron elementos relacionados con cuatro hechos investigados, que incluyen acusaciones por extorsión y coacción, entre otras conductas que forman parte del expediente. La responsabilidad penal de los acusados deberá ser determinada por el tribunal una vez finalizado el proceso.
Uno de los puntos abordados por la abogada fue la participación de Cecilio Salazar como testigo. El jefe comunal declaró el viernes y, durante la audiencia, se reprodujeron audios correspondientes a una conversación que habría mantenido con Cabaleyro mientras se desarrollaba la protesta frente a la empresa.
Ante los cuestionamientos sobre una posible politización del proceso, Arieto rechazó esa interpretación y aseguró que la citación del intendente respondió a circunstancias vinculadas con los hechos investigados.
“Hay un involucramiento del Intendente en el bloqueo, en el momento en que se estaba llevando adelante la coacción. Por lo tanto, fue a declarar justamente por esa participación suya en ese contexto”, afirmó Arieto.
La abogada aclaró que brindará mayores precisiones sobre el papel que atribuye al intendente una vez concluidas las audiencias y los alegatos. También anticipó que se referirá posteriormente a la actuación de las delegaciones del Ministerio de Trabajo de San Pedro y San Nicolás, además de las autoridades provinciales del organismo.
Respecto del expediente, Arieto sostuvo que la acusación busca demostrar la existencia de un mecanismo mediante el cual se habría ejercido presión sobre empresas bajo el argumento de reclamos laborales. En ese sentido, vinculó el caso Rey con otras causas judiciales en las que interviene y aseguró que existen más de 60 expedientes judicializados en distintos puntos del país relacionados con situaciones que atribuye a prácticas sindicales extorsivas.
También cuestionó determinadas modalidades de protesta y planteó que el derecho de huelga no habilita, a su entender, acciones destinadas a impedir el trabajo, ingresar en propiedad privada, amenazar o intimidar.
Arieto afirmó además que este tipo de investigaciones resulta complejo debido al poder y los vínculos que atribuye a las organizaciones involucradas. Según su postura, el objetivo de las causas en las que participa es determinar judicialmente si determinadas prácticas sindicales excedieron el marco de los reclamos laborales y constituyeron delitos.
Durante la entrevista también hizo referencia al período iniciado alrededor de 2010 y 2011, cuando, según su análisis, comenzaron a multiplicarse conflictos entre Camioneros, empresas y otros sindicatos por convenios colectivos y afiliaciones. Estas afirmaciones forman parte de la posición expresada por la abogada y no constituyen conclusiones del tribunal que lleva adelante el juicio.
Finalmente, Arieto recordó a Ricardo Rey, integrante de la familia damnificada que falleció antes de la realización del juicio, y agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso.
El debate continuará esta semana con los testimonios previstos. Posteriormente, el Tribunal Criminal N° 1 de San Nicolás deberá establecer la fecha de los alegatos, instancia previa a la resolución del juicio.
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