El dirigente camionero conocerá el fallo el 14 de octubre. La Fiscalía pidió 10 años de prisión y la querella elevó la solicitud a 15.
La Justicia definirá el futuro judicial del dirigente camionero
El próximo miércoles 14 de octubre se conocerá la sentencia del juicio contra Maximiliano Cabaleyro, secretario general del Sindicato de Camioneros y exconcejal de San Nicolás, acusado de extorsión y turbación de la posesión en perjuicio de la empresa Rey Distribución, de San Pedro.
El debate oral, desarrollado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, concluyó el pasado martes después de siete jornadas de audiencias. Además del dirigente sindical, fueron juzgados seis exempleados de la distribuidora por su presunta participación en bloqueos registrados durante febrero de 2021.
Durante los alegatos finales, la Fiscalía solicitó una condena de 10 años de prisión efectiva para Cabaleyro, junto con una inhabilitación por igual período para ejercer cargos públicos. También requirió que se revoque el arresto domiciliario que cumple actualmente.
Por su parte, el Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB), constituido como particular damnificado y con representación legal de la legisladora Florencia Arietto, acompañó la acusación fiscal, aunque solicitó elevar la pena a 15 años de prisión.
En cuanto a los otros seis acusados, la parte acusadora pidió tres años de prisión de ejecución condicional.
Los posibles escenarios para Cabaleyro
La resolución judicial determinará si el dirigente camionero deberá regresar a una unidad penitenciaria, continuar bajo arresto domiciliario o recuperar la libertad.
Uno de los escenarios posibles es que el tribunal considere acreditados los delitos imputados y dicte una condena cercana a los 10 años de prisión solicitados por la Fiscalía.
En ese caso, deberá contemplarse el tiempo de detención que Cabaleyro lleva cumplido desde el 8 de abril de 2022. De acuerdo con las estimaciones planteadas sobre su situación procesal, podría alcanzar el requisito temporal para solicitar la libertad condicional en menos de dos años, aunque su otorgamiento dependerá de las condiciones legales aplicables y de una resolución judicial.
Si se dispone el cumplimiento efectivo de la pena y se revoca la modalidad domiciliaria, el dirigente podría regresar a la Unidad Penal N° 3 de San Nicolás. En caso contrario, podría continuar bajo monitoreo electrónico, según lo que resuelva la Justicia.
Otra posibilidad es que resulte condenado únicamente por parte de los hechos investigados y reciba una pena menor. Una condena de hasta cinco años, considerando el período de detención ya cumplido, podría abrir la posibilidad de recuperar la libertad, aunque no sería automática.
También existe la alternativa de una absolución, si el tribunal determina que las acusaciones no fueron suficientemente acreditadas.
Respecto de la inhabilitación para ocupar cargos públicos solicitada por la Fiscalía, una eventual sanción de ese tipo no implicaría necesariamente la imposibilidad de continuar desempeñando funciones sindicales.
La defensa de Cabaleyro, que cuestionó la suficiencia de las pruebas presentadas durante el debate, podrá recurrir una eventual sentencia condenatoria.
El origen de la causa y las acusaciones contra los imputados
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por Gustavo Rey, propietario de Rey Distribución, quien aseguró que desde el sindicato le exigían pagos de dinero para permitir el funcionamiento normal de la empresa.
Según su presentación judicial, las exigencias económicas se habrían iniciado en 2017 e incluían montos periódicos que, de acuerdo con su declaración, aumentaban durante los períodos electorales.
El empresario sostuvo que, después de decidir junto con sus socios interrumpir esos pagos, comenzaron los conflictos que derivaron en dos bloqueos a los accesos de la distribuidora durante febrero de 2021.
De acuerdo con la denuncia, las medidas impidieron el ingreso y egreso de camiones y provocaron perjuicios económicos a la firma.
La causa llegó a juicio con acusaciones vinculadas a turbación de la posesión, coacción y extorsión, correspondientes a distintos episodios investigados. Durante el proceso, una de las imputaciones inicialmente calificadas como tentativa de extorsión fue modificada a turbación de la posesión.
Por su parte, el Sindicato de Camioneros sostuvo que las protestas estuvieron relacionadas con el despido de un delegado que contaba con protección sindical y de otros trabajadores afiliados.
Además, el gremio argumentó que existían diferencias económicas con la empresa por presuntas deudas vinculadas a aportes y cuotas sindicales.
Qué puede ocurrir con los seis exempleados
Los otros imputados son Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez, quienes afrontaron el juicio sin prisión preventiva.
La acusación los vincula con los bloqueos realizados en los accesos de la distribuidora durante el conflicto laboral.
Para ellos se solicitaron tres años de prisión de ejecución condicional, una modalidad que, de ser aplicada, no implicaría su ingreso a prisión, aunque quedarían sujetos a las reglas de conducta que establezca el tribunal.
El fallo previsto para el miércoles 14 de octubre permitirá conocer la resolución sobre la responsabilidad penal de los acusados y las eventuales penas que correspondan.
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