Se reunieron el intendente de La Plata, el presidente del bloque de Diputados de Cambiemos y el Secretario General de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, para acordar que no avanzará en la Legislatura la Ley que permite el desembarco de Uber en la Provincia, a la vez que se pidió a los taxistas que levanten la marcha propuesta para el primero de agosto.
Este mediodía, en La Plata, el intendente Julio Garro, el presidente del bloque de Diputados de Cambiemos, Maximiliano Abad, y el Secretario General de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, José Ibarra, mantuvieron una reunión para fumar la pipa de la paz tras un conflicto suscitado por un proyecto de ley presentado por un legislador oficialista.
La iniciativa del diputado lilito Guillermo Castello de permitir mediante una ley el funcionamiento de Uber en la provincia de Buenos Aires generó de inmediato la reacción de los taxistas. En ese sentido, los propietarios y conductores de coches de alquiler preparaban un paro y movilización a la Legislatura bonaerense para el primer día de agosto.
En línea con la voluntad del Ejecutivo, y con el objetivo de calmar las aguas, Garro y Abad se reunieron con Ibarra para asegurarle que el proyecto no prosperaría, a la vez que solicitaron a los gremios el levantamiento de la medida de fuerza. De la reunión también participaron el diputado oficialista Guillermo Bardón y el secretario General del Sindicato de Conductores de Taxis de La Plata, Juan Carlos Berón, junto a otros representantes de la actividad taximetrera.
La presentación de la iniciativa para habilitar Uber creo un clima tenso en el bloque oficialista, puesto que también desde esa bancada, el año pasado, el legislador Martín Domínguez Yelpo había presentado un proyecto de Declaración en el que manifestaba su «profunda preocupación por el arribo al país y su posible instalación en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, del sistema denominado Uber, en tanto el mismo actúa en el sector del transporte al margen de las normas laborales, impositivas y de seguridad que rigen para el conjunto de los prestadores autorizados por los Organismos regulatorios y de control pertinentes, atentando de esta manera contra los derechos de los trabajadores de la actividad y poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios y terceros no transportados». El proyecto fue aprobado por mayoría en aquel momento.