Desde la cooperativa señalaron que la medida no afectaría de forma directa a la entidad local, aunque cuestionaron el trasfondo político del proyecto nacional.
El directivo de COOPSER, Oscar Silva, aseguró que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para reducir el fondo compensador destinado a cooperativas eléctricas no tendría un impacto directo en la entidad local, aunque advirtió sobre las consecuencias que podría generar en pequeñas cooperativas del interior y cuestionó la intención política de la medida.
En declaraciones al programa “Equipo de Radio”, Silva explicó que el esquema vigente forma parte de una ley nacional que establece aportes solidarios entre distribuidoras y cooperativas para sostener el servicio en localidades con menor cantidad de usuarios. Según indicó, existen cooperativas pequeñas con apenas tres empleados y unos 200 usuarios, donde resulta imposible mantener el sistema sin este mecanismo de compensación.
El dirigente diferenció la situación de la cooperativa local respecto de esas entidades de menor escala y remarcó que el beneficio llegó a San Pedro “en un par de oportunidades”, aunque aclaró que el sistema está pensado principalmente para cooperativas con menos recursos. “La única forma en que le llega la energía a algunos vecinos es con un fondo compensador”, sostuvo.
Silva también defendió el criterio solidario del esquema eléctrico y cuestionó el enfoque del Gobierno nacional. Para explicar la lógica del sistema, comparó el costo de distribución entre quienes viven cerca de una estación transformadora y quienes residen en zonas alejadas, señalando que el servicio debe sostenerse bajo criterios federales y no únicamente económicos.
Las declaraciones del representante de COOPSER coincidieron con el rechazo expresado por el Gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof. Desde la administración provincial anticiparon que recurrirán a la vía judicial si el proyecto avanza en el Congreso.
En ese marco, el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, calificó la iniciativa como “inconstitucional” y afirmó que el sistema solidario funciona desde 1996 mediante aportes de grandes distribuidoras hacia cooperativas del interior. Según detalló, cerca de un centenar de cooperativas dependen de ese esquema para garantizar la prestación eléctrica.
Por otra parte, Silva vinculó el posible recorte a una estrategia de presión política sobre provincias y municipios. “Nación le recorta fondos a las provincias para que cuando los legisladores tengan que votar haya con qué negociar”, afirmó el dirigente.
Finalmente, el integrante de COOPSER también se refirió al impacto de la reducción de subsidios nacionales en las tarifas eléctricas. Señaló que años atrás el servicio llegó a estar subsidiado en casi un 60%, mientras que actualmente ese porcentaje sería cercano al 20%. “La gente entendió que no es COOPSER la que aumenta la tarifa eléctrica”, concluyó.
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