Gustavo Rey declaró durante más de cinco horas sobre las presuntas amenazas y exigencias de dinero. La defensa sostuvo que hubo una protesta legal.
El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Nicolás inició este lunes el juicio contra Maximiliano Cabaleyro, dirigente del Sindicato de Camioneros y exconcejal, por presuntas extorsiones y bloqueos contra la empresa sampedrina Rey Distribución. En el mismo debate son juzgados seis extrabajadores de la firma por su presunta participación en la obstrucción de los accesos.
Fernando Espíndola, representante del gremio en San Pedro y también acusado en la causa, no participa de este juicio oral porque acordó un procedimiento abreviado.
La primera audiencia estuvo presidida por el juez Alejandro López y se desarrolló desde poco después de las 9 hasta pasadas las 16, sin recesos. Luego de las exposiciones iniciales de la acusación y las defensas, declaró Gustavo Rey, uno de los propietarios de la distribuidora. Su testimonio ocupó más de cinco horas y fue el único de la jornada.
La acusación está a cargo de las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio. También interviene Florencia Arietto, abogada del particular damnificado y senadora bonaerense, vinculada al Movimiento Empresario Anti Bloqueo.
Durante la apertura, la parte acusadora sostuvo la imputación por cinco hechos: dos de turbación de la posesión en concurso ideal con coacción y tres de extorsión, todos ellos en concurso real.
Los abogados Mauricio Gugger e Ignacio Baldarenas, defensores de Cabaleyro, rechazaron los cargos y argumentaron que las acciones cuestionadas formaron parte del ejercicio legítimo del derecho sindical. En representación de los extrabajadores, Gabriel Ruiz sostuvo que se trató de una huelga realizada en el marco de un reclamo laboral.
Durante su declaración, Rey ratificó las denuncias y describió presuntas amenazas, presiones y pedidos de dinero que atribuyó a dirigentes de Camioneros. Según su relato, las exigencias económicas se remontaban a 2017 e incluían pagos periódicos y sumas adicionales durante períodos electorales.
El empresario aseguró que los bloqueos comenzaron cuando la familia decidió dejar de pagar y recurrir a la Justicia. Identificó un episodio ocurrido el 15 de febrero de 2022, cuando, según denunció, fue impedida la circulación de vehículos por los accesos de la distribuidora.
También relató que entre el 22 y el 26 de febrero de 2022 un vehículo tipo motorhome del sindicato permaneció frente al portón del estacionamiento. Atribuyó su colocación a Cabaleyro y Espíndola. El gremio había sostenido entonces que existían deudas de aportes y cuotas sindicales por parte de la empresa.
La denuncia incluye presuntas entregas de dinero para evitar bloqueos. Una de ellas se habría realizado mediante efectivo colocado dentro de una caja de un producto alimenticio y un cheque; otra, a través de dos cheques. Esos pagos forman parte de los hechos investigados como extorsión.
Durante la audiencia se reprodujeron audios y videos registrados por la familia, presentados como respaldo de la denuncia. Rey también afirmó que hubo presiones sobre proveedores para que dejaran de abastecer a la distribuidora y describió el impacto que el conflicto tuvo sobre la actividad familiar. Al concluir, quedó a disposición del tribunal para eventuales careos.
Cabaleyro llegó a esta instancia bajo la prisión preventiva dispuesta el 8 de abril de 2022. En 2023, tanto él como Espíndola accedieron al arresto domiciliario por motivos de salud.
Los extrabajadores juzgados son Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez. La acusación contra ellos está vinculada con el bloqueo de los ingresos a la planta y ninguno se encuentra bajo prisión preventiva.
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