La Justicia confirmó la elevación a juicio de la causa contra dirigentes de Camioneros y fijó para el 16 de abril la audiencia preparatoria.
La causa que involucra a referentes del Sindicato de Camioneros dio un nuevo paso judicial: la Cámara de Casación confirmó la elevación a juicio contra Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, quienes serán juzgados por distintos delitos vinculados a un conflicto con una empresa local.
Aunque todavía no hay fecha definida para el inicio del debate oral, se informó que la audiencia preparatoria se realizará el próximo 16 de abril, instancia clave previa al juicio.
Los dirigentes sindicales están acusados de extorsión y turbación de la posesión, en el marco de una causa que también incluye a seis ex empleados de la firma denunciante, quienes permanecen en libertad pero sujetos al proceso judicial.
La denuncia fue impulsada por la empresa Rey Distribución, que acusó a los imputados de exigir pagos ilegales y bloquear la actividad comercial ante la negativa, lo que habría derivado en un conflicto de alto impacto en la ciudad.
Antecedentes de la causa
El expediente se originó en enero de 2021, tras la presentación realizada por los propietarios de la empresa. Meses después, el caso tomó notoriedad pública cuando se difundió un video que mostraba la situación que atravesaba el emprendimiento.
En abril de 2022, Cabaleyro y Espíndola fueron detenidos, acusados de delitos como extorsión, coacción y turbación de la posesión. Posteriormente, obtuvieron el beneficio de arresto domiciliario a mediados de 2023, tras distintos planteos judiciales de la defensa.
La elevación a juicio atravesó varias instancias de revisión, incluyendo recursos presentados ante Casación, que finalmente ratificó la decisión en diciembre pasado, quedando firme en las últimas horas.
Planteos de la defensa
En paralelo, la defensa de los imputados y de los ex empleados continúa realizando presentaciones. En las últimas horas, el abogado de estos últimos solicitó frenar la elevación a juicio, argumentando que existe un recurso pendiente ante la Suprema Corte bonaerense.
Entre los argumentos expuestos, se sostiene que la causa debería encuadrarse en el ámbito laboral y no penal, en el marco del derecho a huelga, además de cuestionar la figura de usurpación al considerar que no hubo ocupación física del inmueble.
Los hechos denunciados
Según la denuncia original, desde el gremio se habría solicitado a la empresa el pago de dinero para poder operar con normalidad. Ante la negativa, se habrían producido bloqueos que impedían la salida de los camiones, afectando la actividad comercial.
La investigación quedó a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI N°7, quien imputó a los acusados por turbación de la posesión, coacción, extorsión y tentativa de extorsión, en concurso de delitos.
Con la confirmación de la elevación a juicio, el proceso judicial entra en su etapa final, a la espera de la realización del debate oral donde se determinarán las responsabilidades.
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