«Dólar» fue torturado y asesinado por dos hombres en Lima. La familia del animal pidió durante dos años justicia y una condena ejemplar. Hoy, el Juzgado Correccional de Campana le otorgó al culpable su sentencia: trabajo comunitario y tratamiento psicológico.
Dólar estaba en el barrio cuando dos hombres lo agarraron y lo subieron a una camioneta. Una vecina que los vio se lo contó a los dueños del perrito que fueron hasta la casa de estos hombres a averiguar qué habián hecho con su mascota. En un principio los dos negaron todo, pero finalmente uno de ellos les contó que lo habían tirado en el kilómetro 116 de la ruta 9 porque “estaba suelto y esa raza es peligrosa”. Hasta allí fue Silvia con su hijo y encontraron el cuerpo de Dólar. Los veterinarios les dijeron que había muerto por los golpes. Este es el video del triste momento en el que hallaron muerto al perro.
A casi un año de ese trágico suceso, en abril 2017 la Justicia dictó una “probation”, es decir, una suspensión de juicio a prueba. En dónde tanto Saúl Altamirano como Víctor Iturralde, ambos torturadores, deberían cumplir una serie de pautas de convivencia para que el juicio siga en pausa:
1- fijar un domicilio fijo de residencia.
2- pagar una cuota de mil pesos cada uno a la protectora de Zárate.
3- no acercarse a la familia de dólar.
4- trabajar o estudiar.
5- realizar una consulta al psicólogo, quien decidirá si deben someterse a tratamiento por su actitud agresiva hacia los animales.
6- y la más indignante, una compensación económica para reparar el daño.
La familia del cachorro no encontró posible que la muerte de su mascota sea «tapada» con dinero y rechazó la compensación económica. Por lo tanto, iniciaron una causa civil, por daños y perjuicios, daño moral y psicológico. Luego del plazo estipulado por la Justicia, se llegó a la conclusión que Altamirano debía quedar libre de culpa y cargo por haber seguido los pasos establecidos. Caso contrario, el de su compañero, Iturralde, que hoy recibió la «condena» por haber matado y torturado al animal.
«Me queda un sabor amargo, pero sé que es lo máximo que se puede conseguir por las limitaciones de la ley», expresó Silvia. De acá a tres años el sujeto estará «bajo la lupa» de la justicia, lo que significa que cualquier acto ilegal que cometa, significará la cárcel inmediata. Mientras tenga buen comportamiento, solamente hará trabajo comunitario esporádico y tratamiento psicológico. «Entonces ahora lucharé para que cambie la ley», sentencia la mujer que durante dos años organizó múltiples marchas locales y llevó el tema a todos los medios nacionales.
Fuente: Noticias Zárate Alerta