Con 21 votos afirmativos frente a 14 negativos, la asamblea de concejales y mayores contribuyentes de San Pedro dio luz verde a la nueva Ordenanza Impositiva que establece las tasas municipales para el ejercicio 2026.
El encuentro estuvo atravesado por la controversia sobre el alcance y el impacto de los aumentos, que oscilan entre el 80% y el 100% según lo aprobado. El contexto social y económico fue eje central en la discusión, en momentos donde la inflación anual relevada por organismos nacionales fue mucho menor al porcentaje sancionado.
Bruno Sciarra, mayor contribuyente, remarcó que los incrementos de años anteriores no lograron reflejarse en una mejora de servicios, reclamando mayor responsabilidad política para afrontar la situación.
Desde la oposición, la concejala Melina Panatteri (La Libertad Avanza) advirtió que la suba en las tasas elevará la morosidad y provocará menores ingresos reales para el municipio. Además, aclaró que las diferencias con el oficialismo no suponen actitudes desestabilizadoras hacia el Ejecutivo.
Ariel Rey, presidente del bloque San Pedro Puede, cuestionó la medida señalando que ya en 2025 se había aprobado un incremento del 100% en las tasas, mientras la inflación fue aproximadamente del 30%, y sugirió que los aumentos acumulados superarán el 180% en dos años, frente a una inflación inferior a la mitad.
El debate subió de tono al discutirse el verdadero porcentaje de incremento. Sandra Mari, exconcejal y actual mayor contribuyente, denunció que algunos artículos de la ordenanza permitirán que los aumentos reales superen el 200%, cifra muy por encima de la informada oficialmente.
Integrantes de Fuerza Patria y el presidente Martín Baraybar anticiparon que se realizará una modificación mediante decreto reglamentario para delimitar la potestad del Ejecutivo de ajustar las tasas bimestralmente.
Durante la sesión, surgieron además planteos sobre el impacto en jubilaciones, el comercio y el sector rural, así como cruces personales entre concejales y mayores contribuyentes. La sanción de la ordenanza marca un nuevo capítulo en la discusión por la presión tributaria municipal y su impacto en la comunidad.