Los fiscales Adolfo Villatte Juan Patricio Murray solicitaron ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario la imposición de la pena de prisión perpetua para los integrantes del Área Militar 132, en el marco del juicio que aborda crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1976 y 1977 en San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Pergamino.
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, integrada por el fiscal general Adolfo Villatte y el auxiliar fiscal Juan Patricio Murray, solicitó ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de esa ciudad la imposición de la pena de prisión perpetua para el Mayor Antonio Bossié, el oficial de Logística Guillermo Piccioni, para el Coronel Omar Andrada y el Capitán Luis Landa, todos miembros de la plana mayor del Área Militar 132 al mando del Coronel Saint Amant. Y pidieron cuatro años y medio de prisión para el Suboficial de la bonaerense, Oscar Rodríguez, que trabajaba en Pergamino”, Anabel Longinotti, referente de la Mesa de la Memoria en San Nicolás.“Además solicitaron que el Tribunal determine que el Cuartel de San Nicolás, la sede de Policía de calle Rivadavia y la Policía Federal sean señalizados como centros clandestinos de detención”, agregó Longinotti.
El 13 y 19 de octubre próximo se cierran los alegatos de las defensas de los imputados. El 26 de octubre los imputados tendrán la posibilidad de decir sus últimas palabras antes de la sentencia, y el 27 se leería la sentencia por parte del Tribunal.Los delitos fueron ejecutados bajo la jurisdicción de Subzona 13, Zona I, en los partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Pergamino.Villatte y Murray culminaron así cuatro días de exposición de su alegato. Los representantes del MPF pidieron la pena máxima para el ex oficial jefe de Operaciones e Inteligencia del Área Militar, el entonces Mayor Antonio Federico Bossie; los entonces capitanes Guillermo Anibal Piccione y Bernardo Luis Landa; y el ex jefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, por entonces mayor Omar Andrada. Por otro lado, requirieron la pena mensurable para el ex oficial inspector de la Policía de la provincia de Buenos Aires Oscar Alberto Rodríguez.
El siguiente es el detalle de la acusación de la fiscalía:
- Bossie: autor de 46 privaciones ilegítimas de la libertad calificadas, 37 casos de aplicación de tormentos agravados, 17 allanamientos ilegales, 2 homicidios triplemente calificados, 1 caso de abuso sexual con acceso carnal y 9 falsedades ideológicas.
- Piccioni: autor de 22 casos de privaciones ilegítimas de la libertad calificadas, 20 casos de tormentos agravados, 12 allanamientos ilegales, 1 homicidio triplemente calificado, 1 abuso sexual con acceso carnal y 9 hechos de falsedades ideológicas.
- Landa: autor de 4 privaciones ilegítimas de la libertad, 4 tormentos agravados y 1 homicidio triplemente calificado.
- Andrada: autor del 7 privaciones ilegítimas de la libertad, 7 tormentos agravados, 1 homicidio triplemente calificado.
- Rodríguez: autor de 1 caso de privación ilegítima de la libertad calificada, 1 caso de falsedad ideológica y por falso testimonio en 2 hechos.
El juicio en curso es conocido como «Saint Amant III» e inició las audiencias el 11 de junio de 2019. En tramos anteriores de la investigación fueron condenados otros integrantes de las fuerzas militares que respondían a las órdenes del ex jefe del área militar 132, Manuel Fernando Saint Amant, quien recibió prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. El represor falleció en 2016.
Las víctimas
Durante su alegato, la fiscalía describió que las víctimas de persecución política que integran el objeto procesal de esta causa fueron secuestradas en sus domicilios en las ciudades de San Nicolás, Ramallo, Pergamino, San Pedro, Baradero, Campana y Villa Constitución y trasladadas a centros clandestinos de detención que, bajo el control operacional del Área Militar 132, funcionaron en la ciudad de San Nicolás. Algunos de ellos fueron la Brigada de Investigaciones, la Comisaría Primera, la Delegación local de la Policía Federal, la Unidad Penal N° 3 y el Batallón de Ingenieros de Combate 101.Todas las víctimas eran militantes o dirigentes políticos, sociales o gremiales, incluso abogados o jueces del fuero penal. Entre los distintos perseguidos políticos se encuentran los casos del dirigente Omar Lalli, del Sindicato de Luz y Fuerza; el referente gremial Alejandro Gimenez, del Sindicato de Canillitas; el ingeniero Alberto Kipen, de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA); el intendente municipal de San Nicolás, Pedro Marchi; el diputado Alfredo Gamarra; y el juez penal del Departamento Judicial San Nicolás, Manuel Gil Morales; los sobrinos del ex vicepresidente de la Nación Vicente Solano Lima, Jorge Guillermo y Hugo Pascual Lima, y el abogado integrante de su estudio jurídico, Norberto Gil.Cuatro de las víctimas fueron asesinadas y al día de la fecha no han aparecido sus cuerpos ni se han identificado sus restos. Ellos son Ricardo Miguel Biegkler, Eduardo Sergio Korsunsky, Julio Raul Peris y Alicia Gladys Noemí Fuhr de Sánchez.
Fuente: Diario El Norte