Prestadores de servicios para personas con discapacidad en San Nicolás enfrentan retrasos en los pagos que oscilan entre 60 y 120 días, situación que genera inquietud tanto en familias como en los profesionales del sector. Esta problemática se ve agravada por la falta de información oficial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad y por el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Ante la incertidumbre, varios profesionales han decidido dejar de trabajar con ciertas obras sociales y prepagas, incluyendo a IOMA, lo que afecta principalmente a quienes dependen de estos servicios para su atención diaria. Patricia Sánchez, referente local de TGD Padres TEA, señaló que la búsqueda de terapeutas y acompañantes se ha vuelto cada vez más difícil, lo que incrementa la preocupación y angustia en la comunidad.
La Ley de Emergencia en Discapacidad prevé compensaciones por los atrasos en el pago de prestaciones y pensiones no contributivas, sin embargo, el Gobierno solo contempla un cálculo del 10,5% y aún no se ha definido una normativa clara ni fechas precisas para las liquidaciones. Mientras tanto, el gasto mensual de una persona con discapacidad puede alcanzar los 800.000 pesos entre terapias, acompañamiento, traslados y medicamentos, según refieren fuentes del sector.
El Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis) advirtió que, pese a la orden judicial emitida por el Juzgado Federal de Campana para acelerar la implementación de la ley, el Ejecutivo nacional recurre a estrategias dilatorias. Esta demora compromete la continuidad de las terapias y dificulta el acceso a tratamientos esenciales para una de las poblaciones más vulnerables.