El 5 de julio pasado hubo tres amenazas de bombas en sendas escuelas nicoleñas. Hace dos días se dio a conocer un fallo en el que un joven fue hallado responsable de intimidación pública por un hecho de 2017 y tendrá que cumplir junto a sus padres con distintas obligaciones durante un año hasta que se realice una nueva audiencia para determinar la pena. Sin lugar a dudas, para tener en cuenta.
El viernes 5 del corriente, en una muy fría mañana, más precisamente a las 7:05 la Vicedirectora de la Escuela Primaria Pompeya sita en calle Alem entre Garibaldi y Pellegrini denunció, en comunicación con la Comisaría Primera, que recibió un llamado telefónico al fijo de la escuela donde daban cuenta que había una bomba en el establecimiento. Rápidamente los efectivos policiales, con ayuda de los directivos y docentes procedieron a la evacuación de los pocos alumnos que se hallaban en lugar. Se hicieron presentes peritos en explosivos de la compañía de Bomberos de San Nicolás. Posteriormente, habiéndose realizado una minuciosa búsqueda en el establecimiento de la Escuela Pompeya, arrojó resultado negativo, no encontrándose elemento alguno de interés que pudiera poner en riesgo la vida de los presentes. Pasado el percance se restableció el normal funcionamiento del establecimiento. La UFI Nro. 1 investiga este hecho.
Aire libre
Asimismo casi a la misma hora se tomó conocimiento que en la Escuela Secundaria Aire Libre, sita en Ameghino 560, recibieron tres llamadas telefónicas al Nro. fijo de la escuela, donde una voz masculina refirió amenazas de que harían volar la escuela. Se inició el protocolo de emergencia procediéndose a la evacuación de los alumnos que comenzaban a llegar al establecimiento. También se hicieron presentes peritos en explosivos quienes luego de haber realizado una minuciosa búsqueda en el establecimiento, la misma arrojó resultado negativo, no encontrándose elemento alguno de interés. Se restableció también el normal funcionamiento del establecimiento. La fiscalía en turno investiga este hecho y su relación con las amenazas.
Otra escuela
Episodios similares se vivieron también en horas de la tarde en otros establecimientos educativos, como por ejemplo la Escuela de la Paz. Un condenado por caso similar en 2017 El juez Ramón Bogado Tula, del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N°2 de San Martín, declaró a un joven penalmente responsable de haber sido autor de llamadas con amenazas de bombas en una escuela del Municipio. Esto fue en un juicio sin precedentes que se realizó en el Tribunal de San Martín, donde la Municipalidad de Tres de Febrero se presentó como particular damnificado. El magistrado se basó en el Artículo 211 del Código Penal que hace referencia al “delito de intimidación pública”. En primera instancia, el adolescente deberá seguir un tratamiento tutelar durante un año hasta que se realice una nueva audiencia donde se determinará la pena que podría ir de 2 a 6 años de prisión. Por la vía civil, correrá la sentencia relacionada con el daño económico para resarcir a la Municipalidad por los recursos estatales que conllevan los protocolos que se pusieron en marcha en estas situaciones. El fallo incluye una serie de obligaciones que tiene que cumplir el joven como concurrir al Centro Socio Comunitario Departamental con frecuencia y modalidad que los profesionales establezcan, continuar con la escolarización y con la actividad laboral junto a su padre, seguir un tratamiento psicológico y asistir en forma quincenal ante la sede judicial. Asimismo, tiene que presentarse en talleres, en la Dependencia de Explosivos de San Martín y en una entrevista con el sistema 911 para comprender cabalmente la labor de estos organismos ante hechos de emergencia y las consecuencias negativas que generan estas falsas amenazas.
“El fallo nos llama a reflexionar, a aprender y tiene un sentido pedagógico”, sostuvo el intendente Diego Valenzuela. “Plantea algunas cuestiones que tienen como objetivo que el joven comprenda lo que está en juego, los recursos estatales que se mueven y lo que sucede en el Estado cuando hay una amenaza de este tipo”, agregó. La investigación había sido realizada por el Ministerio Público Fiscal, que realizó allanamientos y determinó que el joven estuvo involucrado en un hecho que ocurrió en agosto del 2017 en una escuela de Ciudad Jardín. Durante el juicio, declararon autoridades de la institución educativa, personal policial, miembros de la Brigada Antibombas de San Martín y funcionarios de las carteras de Seguridad, Educación y Legal y Técnica de la Municipalidad.
Fuente: Diario El Norte