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Requerimiento judicial de documentación por la depuradora y cruce de campaña

Interés General Locales

Una denuncia formulada por organizaciones ambientalistas acerca de la contaminación del riacho San Pedro por efluentes cloacales ha generado una causa en la Justicia Federal. La situación llevó a que la Policía Federal Argentina solicitara documentación a la Municipalidad de San Pedro sobre el estado de la ex planta depuradora.

El Secretario de Economía, Alfredo Carrasco, confirmó en una entrevista que los efectivos cumplían con una orden de presentación relacionada con un requerimiento realizado el año pasado mediante un oficio. Carrasco explicó que la depuradora dejó de funcionar en el año 1982, y el requerimiento se centra en obtener información sobre su funcionamiento pasado.

Sin embargo, este procedimiento ha generado controversia debido a la publicación de un video de campaña por parte de la abogada y precandidata de Juntos por el Cambio, Florencia Arietto. Durante su visita a San Pedro, Arietto utilizó un cartel de Cecilio Salazar, el Intendente local, para denunciar que estaban «allanando» el Municipio, acompañado de una serie de insultos hacia el funcionario.

Ante estas acusaciones, Carrasco respondió que es importante considerar la fuente y las intenciones detrás de las declaraciones. Aseguró que se está utilizando esta situación para generar peleas y rivalidades políticas con el objetivo de desestabilizar la campaña. Además, consideró que los comentarios de Arietto son exagerados y más propios de una tira cómica que de un debate político serio.

La situación sigue en desarrollo, y las autoridades continúan investigando la contaminación del riacho San Pedro y el estado de la ex planta depuradora. Mientras tanto, los actores políticos locales deberán enfrentar las consecuencias de esta polémica y buscar una solución que no desvíe el foco del problema ambiental.

Es importante recordar que la contaminación de cuerpos de agua y la gestión adecuada de los efluentes cloacales son temas cruciales para la protección del medio ambiente y la salud de la comunidad. Las denuncias realizadas por organizaciones ambientalistas buscan garantizar la transparencia y la responsabilidad en la administración pública para abordar adecuadamente estos asuntos.