La Unión de Trabajadores de la Economía Popular ha desplegado asambleas en La Tosquera como parte de una jornada nacional de protesta, levantando su voz contra lo que consideran «el desmantelamiento del programa Potenciar Trabajo y la drástica reducción salarial de los trabajadores del sector, sumado al congelamiento de ingresos desde noviembre de 2023».
En medio de la movilización, «Poli» Rosales, destacado dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), compartió sus preocupaciones en «Equipo de Radio», enfatizando el impacto devastador que estas medidas gubernamentales han tenido en el barrio La Tosquera. Rosales lamentó las consecuencias de las políticas implementadas: «El salario social complementario se ha estancado en los valores de noviembre de 2023, mientras que el programa Potenciar ha sido eliminado. Se crearon dos programas nuevos, irónicamente llamados ‘Volver al trabajo’. Hemos estado asistiendo a los trabajadores de La Tosquera para que puedan acceder a estos programas. Pareciera ser un reinicio de sus trayectorias laborales, cuando en realidad han dedicado toda su vida al trabajo».
Los estragos también se hacen evidentes en los fondos asignados a los capacitadores que operan en el centro comunitario «La Colmenita». Rosales señaló el recorte significativo en los ingresos, que anteriormente tenían un mínimo garantizado de 150 mil pesos a través del programa Potenciar. Este monto ha sido reducido a 76 mil pesos, afectando a 22 personas que desempeñan labores esenciales en la comunidad. «Hablamos de tareas vitales como cuidado, alfabetización y talleres. Ahora, cualquier tallerista nuevo se integrará como voluntario. Esto nos obliga a reorganizar nuestros horarios. Quienes no comprendan esta situación como un proceso de formación y mejora de las condiciones sociales deben entender la gravedad: en una comunidad de 150 familias, hemos perdido cinco millones de pesos mensuales de un mes a otro».
Esta situación se agrava con la interrupción de obras públicas cruciales para la comunidad de La Tosquera. Rosales expresó su indignación ante la paralización de proyectos de urbanización, preguntándose a quién beneficia detener la prestación de servicios en un barrio históricamente marginado. «Tenemos obras de agua que han quedado a medias. Cinco mil metros de cañerías que no conducen agua y cimientos que deberían sostener tanques. Además, hay problemas en el tendido eléctrico, el tratamiento de aguas residuales, la pavimentación de calles y la construcción del galpón para la planta de reciclaje».
La comunidad de La Tosquera se encuentra en pie de lucha, exigiendo respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades para revertir esta situación de abandono y precariedad que amenaza su bienestar y desarrollo.