Un proyecto de ordenanza busca frenar nuevas incorporaciones a la planta municipal durante cuatro años, con excepción del área de Salud, para garantizar equilibrio fiscal y proteger recursos públicos.
Los concejales Joaquín González y Melina Panatteri presentaron ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que propone prohibir el ingreso de nuevos trabajadores a la administración municipal por el plazo de cuatro años. La iniciativa fue elevada al despacho del presidente del cuerpo, Martín Baraybar.
En los fundamentos del proyecto, los ediles sostienen que la medida resulta necesaria para proteger el erario público, respetar el esfuerzo de los contribuyentes y garantizar la sostenibilidad financiera del municipio. En ese sentido, advierten que el crecimiento del gasto público, especialmente en personal, cuando no está debidamente planificado, termina trasladándose a mayores tasas, impuestos y contribuciones.
El texto remarca que la expansión de la estructura estatal no asegura una mejora en la calidad de los servicios, y que, por el contrario, un Estado municipal sobredimensionado suele generar más burocracia y menor eficiencia. Bajo esta premisa, se plantea una política de austeridad orientada a ordenar las cuentas públicas sin afectar derechos adquiridos.
El artículo 1° del proyecto establece la prohibición de nuevas incorporaciones bajo cualquier modalidad, incluyendo planta permanente, planta temporaria, personal contratado, locación de servicios y programas especiales. No obstante, se contempla una excepción para el área de Salud, al considerarla una función esencial e indelegable del Estado municipal, permitiendo el ingreso de profesionales cuando sea estrictamente necesario para garantizar la continuidad y calidad de la atención.
Asimismo, la iniciativa aclara de manera expresa que no implica despidos ni ajustes sobre los trabajadores actuales, ni tampoco la vulneración de derechos laborales. Por el contrario, propone avanzar en una política de responsabilidad fiscal, instando al Departamento Ejecutivo a optimizar el personal existente y profundizar la modernización administrativa durante la vigencia de la norma.
En caso de aprobarse, el municipio deberá remitir anualmente al Concejo Deliberante un informe detallado sobre la evolución del gasto en personal y el ahorro generado. Según los autores del proyecto, el objetivo central es evitar que la contratación de personal se convierta en una carga insostenible que comprometa la autonomía financiera de futuras gestiones municipales.