La intervención policial se produjo tras un intento de ingreso a casas sin terminar. El caso quedó en manos de la Justicia y volvió a poner el foco en la falta de financiamiento y la obra inconclusa.
Alrededor de las 19 horas de ayer, móviles policiales intervinieron para frenar la intromisión de personas que intentaban ingresar a 25 viviendas que permanecen inconclusas debido a problemas con la empresa constructora APCO y a la paralización de la obra tras el cambio de financiamiento nacional. Las casas forman parte de un plan habitacional que no pudo completarse pese a las gestiones realizadas.
Durante la jornada se registraron cuestionamientos hacia la empresa adjudicataria, que habría cobrado adelantos sin que esos pagos se reflejaran en el avance real de las obras. Según se indicó, algunas viviendas alcanzaron cerca del 70 % de ejecución, aunque luego los reclamos quedaron circunscriptos al ámbito local. El delegado Walter Díaz radicó la denuncia correspondiente en el destacamento policial, por lo que la causa quedó a disposición de la Fiscalía de la Dra. Viviana Ramos, que deberá establecer responsabilidades y determinar si el intento de ocupación fue incentivado por terceros. Se estimó que unas 20 personas permanecían en el lugar, mientras que el resto regresó a sus domicilios.
Desde el gobierno local, el secretario de Economía, Roberto Borgo, recordó que el barrio de las 25 viviendas de Tala surgió de un convenio firmado con el gobierno nacional durante la gestión de Alberto Fernández. La empresa adjudicataria había cobrado una certificación parcial, pero con el cambio de gobierno se intentó reactivar el financiamiento sin obtener respuestas, lo que derivó en la rescisión del contrato. Borgo subrayó que nunca se enviaron nuevos fondos y que quedó un remanente pendiente, al tiempo que remarcó que las 25, 84 y 89 viviendas iniciadas en la zona dependían de financiamiento nacional.
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