En una sesión extendida durante la madrugada, el Senado aprobó la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La votación contó con 42 votos a favor y 30 en contra, lo que evidenció un respaldo considerable al oficialismo, que logró el apoyo de bloques como el PRO, la UCR y diversos legisladores provinciales.
Durante la jornada parlamentaria, se sumaron cambios de último momento al texto original, fruto de negociaciones con sectores de la oposición predispuestos al diálogo. La iniciativa mantuvo 213 artículos y fue celebrada por los principales funcionarios del Gobierno, quienes siguieron la sesión desde los palcos del Senado, como Karina Milei y Martín Menem.
El peronismo, alineado en esta instancia, rechazó en bloque la propuesta junto a otros espacios opositores, manteniendo así su postura crítica e incluso calificando el proyecto como inconstitucional y poco efectivo para la generación de empleo.
El proyecto ahora será girado a la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo planea tratarlo en comisión la próxima semana. El oficialismo prevé llevar la discusión al recinto para el 25 de febrero, con el objetivo de que la ley quede sancionada antes del inicio del período ordinario de sesiones el 1 de marzo.
Para obtener la media sanción, desde el Gobierno se realizaron ajustes sobre la marcha, incluyendo reuniones con gobernadores y legisladores indecisos. El rol del ministro del Interior fue clave para asegurar apoyos, aunque en algunos casos, como con la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), no logró convencer a todos los senadores.
Entre los puntos discutidos se incluyó un anexo para el traspaso del fuero laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires, lo que generó diferencias dentro del propio oficialismo e incrementó la tensión entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich.
En otro aspecto, se desechó la posibilidad de acreditar salarios en billeteras virtuales, ante la preocupación del oficialismo sobre la falta de garantías comparado con las otorgadas por el sistema bancario respaldado por el Banco Central.
El texto final también eliminó el plazo de dos años para los aportes solidarios obligatorios, aunque continuó la restricción de los porcentajes máximos para gremios y cámaras empresariales, lo que generó críticas desde filas macristas por considerar que se concede demasiado poder a los sindicatos.
Se ratificó, además, la prioridad de convenios menores sobre mayores y la posibilidad de acuerdos individuales por empresa. En materia de indemnizaciones, se estableció que el pago podrá fraccionarse en cuotas, diferenciando entre grandes empresas y pymes.
La defensa de la reforma estuvo a cargo de jóvenes legisladores del oficialismo, mientras la oposición peronista reiteró sus cuestionamientos y su desaprobación general al tratar el proyecto.