Este viernes, el edil Martín Rivas presentó el Expediente Nº 5414/2025, un Proyecto de Comunicación que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal un informe detallado sobre la construcción de una Escuela Técnica Profesional en terrenos aledaños al Corralón Municipal.
El proyecto de construcción se originó en el “Programa de Infraestructura para Establecimientos de Educación Técnica Profesional”, lanzado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación mediante la Resolución 424/2022. Este programa buscaba fortalecer las políticas públicas para garantizar el acceso a la educación secundaria obligatoria a jóvenes entre 15 y 18 años. El anuncio fue realizado por el ministro de Educación, Jaime Perczyk, durante su visita a San Pedro el 6 de julio de 2022.
Según el Mapa de Inversiones de Obras Públicas, el costo estimado de la obra era de $641.590.358,00. Sin embargo, el avance de la obra figura en 0,00%, pese a que tenía como fecha de inicio el año 2023 y como finalización el año 2024. En junio de 2023, el Intendente Municipal Cecilio Salazar firmó un contrato con la empresa Indhal S.R.L., única oferente en la licitación, que registra antecedentes de encontrarse en concurso preventivo desde 2018 y con juicios laborales pendientes.
En septiembre de 2023, se llevó a cabo un acto simbólico de inicio de obras, consistente en la remoción de suelos, para lo cual la empresa trajo una máquina, algunos operarios y un contenedor con planos. A pesar de la mínima inversión realizada, la Municipalidad entregó un adelanto de $153.683.343,35. Este pago millonario, oculto a la comunidad, fue detectado posteriormente por un medio periodístico local.
La empresa abandonó los trabajos, retirando sus recursos del predio, mientras el Municipio no realizó las intimaciones necesarias para exigir el cumplimiento del contrato o la devolución del adelanto entregado. Finalmente, con el cambio de administración gubernamental y la suspensión de obras públicas dispuesta por el presidente Javier Milei, el Intendente Municipal rescindió el contrato con Indhal S.R.L., exigiendo la devolución del monto adelantado y el cobro del seguro de caución.
El pedido de informes busca esclarecer las responsabilidades administrativas y los manejos de fondos públicos nacionales en este proyecto, señalando la posible existencia de un “Modus Operandi” de corrupción, similar a casos ventilados en los tribunales nacionales.