Cabe recordar que el viernes trascendió la noticia de que la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo de La Plata dio luz verde al reajuste de tarifas de electricidad dispuesto por María Eugenia Vidal, al revocar el fallo del juez Luis Arias que había suspendido los nuevos cuadros tarifarios. Sin embargo, por el momento no incluye a las cooperativas que brindan servicios eléctricos y ello prende la alarma nuevamente.
Dialogamos con el tesorero de la Coopser, Oscar Silva, quien contó: “Lo que cuestionaba el juez Arias, la audiencia pública fue convocada para el próximo 28 de julio en el estadio de Mar del Plata”.
Y agregó: “Todos (tanto empresas privadas como cooperativas) hicieron la presentación pero se resolvió solo para la empresa EDEN SA que se suspende la aplicación del fallo del juez Arias, hasta que se definiera la cuestión de fondo, que es la realización de la audiencia pública”.
En tanto, Silva explicó: “Se toma esa resolución porque se demuestran los perjuicios que trae este fallo hacia la continuidad del sector de la atención del servicio eléctrico, que es un servicio público”. “Lo que dice la cámara es como que el juez no observó las consecuencias que traía sobre el servicio público”.
Asimismo, de confirmarse el cobro retroactivo, todavía no está claro cómo se hará. “El fallo va a autorizar a la cooperativa a recuperar ese dinero que en su momento no se cobró”, dijo el tesorero de la cooperativa y agregó: “Desde el Consejo de Administración vamos a ver la forma de tratar de recuperarlo en el periodo más largo posible”.
La Cámara se expidió sobre el recurso presentado por la empresa EDEN (que opera en el norte de la Provincia) y en las próximas horas los magistrados Gustavo Daniel Spacarotel, Gustavo Juan De Santis y Claudia Angélica Matilde Milanta, que integran la Cámara, podrían hacerlo en el mismo sentido sobre las presentaciones realizadas por el Gobierno provincial y las firmas Edelap (La Plata), EDES (Sur bonaerense) y EDEA (Costa Atlántica), y por dos federaciones de cooperativas.
Tras haber tomado la decisión de suspender los aumentos, la administración de Vidal apeló la resolución de Arias por entender que las tarifas de la energía eléctrica venían atrasadas desde hacía muchos años, lo que dificultaba las inversiones de las empresas concesionarias y cooperativas.
La Cámara decidió no expedirse sobre la cuestión de fondo, pero sí lo hizo sobre uno de los siete recursos presentados por las distribuidoras, las cooperativas y el Gobierno provincial al hacer hincapié en «el riesgo que corre la sustentabilidad de las empresas que prestan el servicio y sus dificultades para afrontar, por ejemplo, el pago de salarios».
La instancia de la audiencia pública se solucionará a fin de julio porque el gobierno bonaerense convocó a la misma en el Estadio Minella, de Mar del Plata. Ahora resta que las distribuidoras y las cooperativas sean notificadas sobre cómo tienen que realizar la refacturación, algo que se realizará desde el Organismo de Control de Energía Eléctrica en la Provincia (Oceba). La resolución tendrá vigencia hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Más de un millón de usuarios tienen tarifas sociales de gas y electricidad
La tarifa social al consumo de gas ya beneficia a 1,5 millones de usuarios y en el caso de la electricidad a 1,2 millones, mientras el costo fiscal de poner un tope del 400% para usuarios residenciales y 500% para comerciales será de unos 5.600 millones de pesos anuales. Así lo consignaron fuentes del área de Energía y Minería, en el marco de la resolución 999/2016, que fijó el tope al incremento de la tarifa del gas.
También señalaron que «resulta conveniente y necesario mitigar el impacto de la aplicación de los cuadros tarifarios aprobados y, determinar un límite en el incremento». El tope de 400% en el incremento de la tarifa para gas a usuario residencial y del 500% al comercial surge de comparar con el cuadro tarifario vigente hasta el 31 de marzo último.