En un fallo considerado histórico para la Justicia Federal de Entre Ríos, el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a tres puesteros oriundos de San Pedro a penas de prisión efectiva por la quema intencional de 6.000 hectáreas de humedales en las Islas de las Lechiguanas, ubicadas en el Delta entrerriano.
Los jueces los declararon culpables del delito de estrago doloso, una figura del Código Penal que contempla hechos de gran impacto social y ambiental. Los condenados fueron identificados como Oscar Alberto Magallanes y Jesús Alberto Magallanes, quienes deberán cumplir 3 años y 6 meses de prisión efectiva, y Miguel Ramón Morales, sentenciado a 3 años y 2 meses. Los tres trabajaban como puesteros con colmenas en la zona afectada.
El hecho ocurrió el 23 de agosto de 2023, cuando las llamas, impulsadas por el viento, arrasaron una extensa área de humedales, provocando graves daños a la flora y fauna autóctonas. Incluso en ciudades como Rosario y Buenos Aires se registró presencia de cenizas en el aire, afectando la salud de la población.
El fiscal General Federal José Ignacio Candioti, quien llevó adelante la acusación, resaltó la trascendencia ambiental del fallo:
“Se los condenó por estrago doloso porque el daño fue muy significativo. En el alegato destacamos la flora y fauna devastada y el impacto en la salud pública”.
Candioti subrayó que la prueba reunida fue abundante y determinante, incluyendo pericias y documentación aportadas por organismos provinciales y nacionales como la División Ambiental de la Policía Federal. Además, especialistas como Matías De Bueno, director del Observatorio Ambiental de la UNR, y Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, brindaron testimonios clave sobre las consecuencias sanitarias y ecológicas del incendio.
La sentencia, emitida el 28 de julio, se convierte en la primera condena de este tipo en la Justicia Federal de Entre Ríos relacionada con incendios en humedales. La decisión quedará firme si no se presenta un recurso de casación antes del 5 de agosto, fecha en la que se dará lectura a los fundamentos. Cabe recordar que el Tribunal, presidido por la jueza Noemí Berros, ya había rechazado el pedido de suspensión del juicio a prueba presentado por la defensa.
Este fallo sienta precedente en materia de responsabilidad penal por delitos ambientales en la región y marca un paso significativo hacia la protección de los humedales y la salud pública.
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