(NA) – El fiscal federal Federico Delgado pidió investigar irregularidades que se habrían cometido en contrataciones varias en el marco de procesos de licitación pública desde el Ministerio de Ambiente de la Nación, que conduce Sergio Bergman, entre ellas las de helicópteros para combatir fuego.
Fuentes judiciales informaron a NA que la fiscalía impulsó la denuncia hecha por el abogado Santiago Dupuy De Lome por la contratación en forma directa que habría habido en favor de la empresa «Air En Services», sede local de la internacional TAF Helicopters.
Según la denuncia, el 23 de noviembre pasado la jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente de la Nación, Patricia Holzman, informó mediante una nota a la empresa «Air En Services», sede local de la internacional TAF Helicopters, sobre la aprobación de su oferta bajo la modalidad de legítimo abono para el alquiler de helicópteros destinados a cubrir el plan del fuego.
Ello habría tenido lugar mientras estaba en curso una licitación pública y pese a que aquella firma no contaba con la correspondiente autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC).
Incluso, el 20 de diciembre pasado, se dejó sin efecto la licitación pública rechazándose al menos cinco ofertas, entre ellas, la que había hecho la propia «Air En Services».
Pero luego bajo contratación directa se alquilaron helicópteros de la firma «Air En Services».
La fiscalía propuso como medida de prueba al juez Rodolfo Canicoba Corral que se pida toda la documentación sobre el proceso de licitación que existió en el Plan Nacional de Manejo del Fuego, así como las comunicaciones que existieron entre los funcionarios y quienes representan los intereses de la firma TAF.
Por último, solicitó información societaria a la Inspección General de Justicia y documentación sobre la empresa a la ANAC.
«Resulta necesario evaluar la estructura administrativa de estos procesos a través de personas que tengan suficiente conocimiento sobre el punto, para desentrañar si existieron irregularidades que permitan afirmar que existió una contratación direccionada y que para eso fue desechado la licitación pública que estaba en curso», sostuvo la Fiscalía,
que también propuso la intervención de «la Asociación del personal de los organismos de control de la República Argentina (APOC)».
Por otro lado, impulsó una investigación por la licitación pública para la adquisición de 100 buses 100 por ciento eléctricos para combatir el impacto ambiental.
Esta denuncia fue hecha por Pablo Bolado, Director General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría De Coordinación Administrativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
La presentación acusa de irregularidades a algunos integrantes de una comisión evaluadora creada para examinar el pliego presentado por al menos media docena de empresas.
Particularmente, Medio Ambiente apuntó contra el ingeniero Pedro Orbaiz, miembro de la Comisión, por no realizar un análisis adecuado sobre los pliegos presentados.
Pero la fiscalía paralelamente también tuvo en cuenta que según versiones periodísticas, ese ingeniero habría sido víctima de aprietes para convalidar el pliego de la firma CTS Auto SA y al negarse a hacerlo se lo removió de sus funciones.
