El Senado aprobó el Presupuesto 2026 en una sesión cargada de gestiones intensas y en la que el oficialismo debió ceder para evitar que el texto volviera a Diputados. Se trató de la primera vez que el gobierno de Javier Milei logra que uno de sus proyectos presupuestarios se convierta en ley, dos años después de iniciar su mandato.
Para concretar el aval parlamentario, el oficialismo aceptó votar el proyecto tal como lo había remitido la Cámara Baja, excluyendo el capítulo XI que contemplaba la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. El resultado final fue 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención de Alejandra Vigo, senadora por Córdoba.
La bancada oficialista, integrada por 21 senadores junto a su aliado Luis Juez, recibió el respaldo de integrantes de la UCR, el PRO y la mayoría de los bloques federales. En el peronismo, hubo divisiones internas, ya que Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza (bloque Convicción Federal) se inclinaron por el apoyo, incluso avalando el polémico segundo capítulo.
El debate más intenso se concentró en el artículo 30, que elimina disposiciones de leyes claves de educación y financiamiento científico y tecnológico. Contra los pronósticos, el capítulo se aprobó finalmente con 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones.
Para evitar modificar el texto y forzar su regreso a Diputados, el oficialismo optó por votaciones por capítulos y no por artículos, esquivando las demandas opositoras. Esa estrategia resultó clave considerando la fragilidad del quórum en la Cámara Baja en fechas próximas.
Senadores radicales y federales expresaron su preocupación por la quita de pisos mínimos de inversión en educación y ciencia. Maximiliano Abad (UCR) cuestionó la eliminación de esos parámetros legales, uno de los puntos más controvertidos de la jornada legislativa.
Algunos legisladores, como Flavia Royón, si bien acompañaron la iniciativa señalaron cuestionamientos a capítulos específicos y remarcaron que el apoyo institucional no implica un respaldo incondicional. Royón terminó votando favorablemente tras exponer su postura.
La sesión no presentó dificultades en la constitución de quórum; los únicos ausentes en el recinto fueron los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, quienes permanecieron dentro del Congreso pero se marginaron de la votación.
El oficialismo, ante la tensión latente, contó con el seguimiento cercano de Casa Rosada y dirigentes como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La presencia de funcionarios como Diego Santilli y Carlos Guberman en el recinto reflejó el interés del Ejecutivo en la sanción de la ley. Durante la noche, el gobernador Ignacio Torres anunció un acuerdo parcial con el Gobierno Nacional por la deuda en cajas previsionales, tema sensible para varias provincias.
Patricia Bullrich sostuvo que el presupuesto aprobado constituye no solo una herramienta económica, sino un paso para reconstruir el país desde un nuevo enfoque.
Desde la presidencia de la Comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche detalló que el 82% del presupuesto está comprometido en gastos inflexibles: 45% corresponde a prestaciones sociales, 16% a asistencia, 11% a salarios en el sector público y 9% al pago de intereses de deuda; el 18% restante se destina a subsidios y universidades.
En la vereda opuesta, el bloque kirchnerista, representado por Jorge Capitanich, tildó el proyecto como «invotable» y objetó las prioridades del Gobierno, cuestionando compras de equipamiento militar mientras se recortan fondos para defensa y otros sectores.
Algunos legisladores federales reconocieron que, aunque el texto no es ideal, consideran el presupuesto una herramienta esencial tanto para el gobierno nacional como para las provincias y municipios.
La ley sancionada establece para 2026 un crecimiento proyectado del 5% del PBI, inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para fin de año. Además, contempla un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%. Las exportaciones e importaciones se prevén con alzas de 10,6% y 11% respectivamente.
Para el cierre de 2025, la proyección inflacionaria era de 24,5%, aunque los últimos datos la ubican cercana al 31%. Las previsiones incluyen un avance del 4,9% en el consumo privado, 1,2% en el consumo público y 9,4% de crecimiento en la inversión, aunque a un ritmo inferior al del año anterior.