Tras un pago superior a los $55 millones, el Ejecutivo municipal anunció una política más estricta para recuperar acreencias y resguardar los recursos del sistema de salud pública.
El secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo, confirmó que la administración municipal iniciará una etapa de mayor rigurosidad en el cobro de deudas, con foco en obras sociales y contribuyentes de alto poder adquisitivo. La definición se conoció luego de que **Unión Personal y Accord abonaran $55.887.609,97, reduciendo parcialmente la millonaria deuda que mantienen con el sistema público de salud local.En declaraciones a La Radio 92.3, Borgo remarcó que “el Municipio va a salir a cobrar las deudas que tiene” y explicó que el Estado local asume la atención de quienes no cuentan con cobertura, pero que del otro lado hay efectores que perciben aportes de sus afiliados. En ese marco, subrayó la necesidad de defender los recursos del Hospital Municipal “Dr. Emilio Ruffa”, pieza clave del sistema sanitario local.Cambio de reglas para el reclamo
El funcionario fue crítico con la modificación de los mecanismos de reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Según detalló, el esquema anterior permitía retener fondos a las obras sociales deudoras para transferirlos a los municipios, un proceso lento pero efectivo en el tiempo.
“Desde el año pasado el Gobierno Nacional plantea que es una cuestión entre privados, lo que deja a los hospitales sin respaldo para el cobro automático”, sostuvo. Además, advirtió que los valores de las prestaciones permanecen congelados, lo que reduce el margen de negociación de la salud pública mientras se mantiene la obligación de atender.
Convenios y controles
Frente a este escenario, Borgo adelantó que la gestión local avanzará en convenios individuales con cada obra social para actualizar aranceles y plazos de pago.
Aclaró que la prioridad seguirá siendo el paciente, aunque habrá controles administrativos más estrictos, como verificar convenios vigentes antes de cirugías programadas. Las urgencias continuarán atendiéndose sin cambios.
“Es una etapa compleja que requerirá intervención sanitaria y legal”, concluyó Borgo, al marcar el inicio de un reordenamiento financiero para evitar que incumplimientos de prepagas comprometan la operatividad de la salud pública.
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