El Gobierno decidió dar marcha atrás con el proyecto de ley presentado este lunes que apuntaba a modificar el Régimen Penal Juvenil y reducir la edad de imputabilidad a 13 años. Antes de que la propuesta obtuviera dictamen y comenzara su debate en la Cámara de Diputados, el oficialismo resolvió no continuar con ese texto y optó por enviar uno nuevo que establece la punibilidad desde los 14 años. La medida surge tras negociaciones con bloques aliados en busca de respaldo legislativo suficiente.
De este modo, se retomará el dictamen previamente trabajado en comisión, donde el nuevo umbral etario se fija en 14 años, opción que cuenta con mayor apoyo entre los espacios dialoguistas del Congreso.
El nuevo proyecto mantendrá los aspectos vinculados al costo fiscal, estimado en $23.739.155.303, que serán cubiertos con fondos del Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación.
El acuerdo alcanzado con la oposición contempla que la edad de imputabilidad baje de 16 a 14 años. Además, la iniciativa suma un conjunto de sanciones y alternativas a la prisión, como la prestación de servicios comunitarios, la amonestación, restricciones para conducir o asistir a determinados lugares y el uso de monitoreo electrónico.
Por otra parte, se establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves y un sistema escalonado en el que la privación de libertad queda reservada solo para casos de significativa gravedad. Quienes estén privados de la libertad serán alojados en institutos especiales, sin contacto con adultos.
La privación de libertad se plantea como la última instancia y solo en centros especializados. El texto fija un máximo de 20 años de condena; para penas inferiores a tres años, se priorizarán medidas que no interfieran con la educación o el trabajo del joven.