Cristina Kirchner presentó una nueva solicitud ante la Cámara Federal de Casación Penal para que se autorice el uso sin restricciones de la terraza del edificio donde cumple con su arresto domiciliario, en el marco de la causa por corrupción conocida como Caso Vialidad. La expresidenta también requirió el retiro de la tobillera electrónica y la eliminación del actual régimen de visitas.
La petición, de 32 páginas y firmada por su abogado Carlos Beraldi, fue remitida a la Sala IV del máximo tribunal penal, compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. El escrito busca revertir todas las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal 2, que incluyen el monitoreo con tobillera y limitaciones a las visitas tras la reunión de Cristina Kirchner con nueve economistas en su domicilio de San José 1111, en el barrio de Monserrat.
Entre los principales argumentos de la defensa figura la solicitud de eliminar la restricción de dos horas diarias para acceder a la terraza, impuesta desde el 17 de diciembre por el juez Jorge Gorini. El magistrado citó las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, justificando la necesidad de garantizar acceso a espacios al aire libre, aunque con límites.
Beraldi sostiene que la limitación resulta arbitraria y que el acceso a áreas abiertas constituye un derecho básico de cualquier persona privada de su libertad ambulatoria, protegido tanto por la legislación nacional como por normas internacionales. En el escrito, el abogado subraya que no existe una norma vigente que otorgue a los jueces la facultad de determinar horarios o días para utilizar terrazas, patios o balcones en casos de prisión domiciliaria.
Para la defensa, tanto las restricciones de visitas como las del uso de la terraza carecen de fundamento legal y afectan el principio de igualdad ante la ley, argumentando que no hay antecedentes de medidas similares para otras personas bajo la misma modalidad.
Finalmente, la presentación retomó la polémica reunión de la exmandataria con economistas, defendiendo que se trató de un encuentro profesional que no constituye una violación de las obligaciones impuestas, y solicitando que se dejen sin efecto los actuales límites a las visitas, que contemplan una duración máxima de dos horas, hasta dos veces por semana y con un máximo de tres personas por ocasión.