La exmandataria reapareció el domingo por la noche en una entrevista telefónica realizada al programa Economía Política que se emite por C5N. Allí, el periodista Roberto Navarro le preguntó por José López. “Lo comparé con una patada en el estómago”, dijo la presidenta y seguidamente propuso que la Justicia haga una auditoría de corte.
Y luego afirmó: “Hoy leí también que la casa en la que el exsecretario tenía el dinero pertenecía a una empresa, Farallón creo, no la conozco, me suena pero no la conozco, en donde decían que habían hecho emprendimientos de PROCREAR en San Nicolás y en Tigre” y “te comento que el PROCREAR no estaba bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas. Era ANSES y un representante del Ministerio de Planificación y otro del Ministerio de Economía que participaban en lo que eran las obras”. “Pero también sé que esa empresa había formado de una UTE junto con Nicolás Caputo en el emblemático Museo de las Malvinas”, cargó pesadamente la dirigente política.
En tanto, afirmó que es importante que se pueda constatar “qué pasó, porque si no esto es señalar a Juan, Pedro, José. Pero me parece que lo que hay que hacer es una auditoría, que me parece que no es lo que se puede hacer, sino lo que se debe hacer para establecer si hubo sobreprecios en la obra pública».
Lo cierto es que la presidenta se refería a una publicación realizada por el diario La Nación la semana pasada, donde dieron a conocer que la dueña del enorme chalet de Tigre que habitaba José López se trata de la constructora en cuestión.
Según afirmó el medio nacional, de acuerdo a datos del Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires, el imponente caserón con salida exclusiva al río Luján, que López utilizaba sobre todo los fines de semana, pertenecía a Eduardo Ramón Gutiérrez, el dueño del Grupo Farallón.
Gutiérrez adquirió el chalet en mayo de 2010. Se lo compró a otro personaje clave en la oscura trama de la obra pública: Andrés Galera, el hombre señalado como el presunto «valijero» de López en las sombras y el operador que trataba con los empresarios para digitar licitaciones y percibir supuestos «vueltos» o sobornos.
En diálogo con el periódico digital, Gutiérrez reconoció que Galera le «ofreció» el terreno y que luego él se lo «alquiló» a López. Explicó que existe un contrato de alquiler, que fue presentado ayer a la Justicia, y que los giros de López por la renta del chalet están debidamente declarados ante la AFIP y con registros en su cuenta bancaria.
«En 2010 Galera se acercó a nuestras oficinas y me dijo: ‘Tengo este terreno, ¿te interesa?’. Yo le dije que sí, compramos el terreno y construimos la casa, dado que la construcción es mi actividad principal. Luego se la alquilé a López, con un contrato que tiene todos los sellos y con pagos que están acreditados en mi cuenta bancaria. Todo en blanco y debidamente declarado ante la AFIP», dijo Gutiérrez.
Consultado acerca de si tenía relación previa con López, dijo: «Lo conocía, no voy a decir que no lo conocía, por mi actividad». Y sobre el nexo con Galera, a pesar de la cita para el ofrecimiento del terreno, aseguró: «Nunca me reuní para hacer operaciones ni gestiones oscuras».
El Grupo Farallón es una empresa reconocida en el mercado, que hizo trabajos para gobiernos locales, provinciales y nacionales. Con oficinas en Pilar, tiene un certificado de capacidad de ejecución de obra pública por $2.300 millones anuales. Construyó, por ejemplo, cientos de viviendas del plan PROCREAR, fundado por Cristina Kirchner, en Tigre y San Nicolás y se hizo cargo de la pavimentación de la ruta provincial 41. Todos proyectos que estuvieron bajo la órbita de López.
También realizó el icónico Museo de las Islas Malvinas, emplazado en el predio de la ex ESMA, que fue inaugurado por la expresidenta en 2014. «Hoy, contra mi costumbre, voy a omitir los miles de metros cuadrados, o las cifras que costó esta construcción, porque esos son detalles», dijo Cristina Kirchner en aquel corte de cinta. Lo cierto es que para esa obra, Grupo Farallón, de Gutiérrez, trabajó en una unión transitoria de empresas con SES SA, una firma que pertenecía al empresario Nicolás Caputo, amigo de Mauricio Macri. El dato había llamado la atención en la previa a la campaña electoral.
