La protesta policial en la provincia de Santa Fe continúa extendiéndose, con acuartelamientos registrados en diferentes localidades. El conflicto se reavivó por exigencias de aumentos salariales y mejoras en la salud mental del personal, luego de que cuatro policías se suicidaran en la última semana.
Las manifestaciones, de larga data, incluyeron quema de neumáticos frente a la Jefatura, donde se produjo un intento de desalojo. Desde la Asociación Personal Policial señalaron la necesidad de una recomposición salarial real, con salarios iniciales que superen el costo de la canasta básica y liquidaciones transparentes.
Si bien algunos patrulleros regresaron con balizas encendidas, el control policial en Rosario no se vio interrumpido durante la noche del lunes y la madrugada del martes. Fuentes oficiales explicaron que unos 80 móviles continuaron patrullando la ciudad a las 6 de la mañana, sumándose a los recursos federales para garantizar la seguridad.
Días antes, el gobierno santafesino anunció la implementación de un plan integral para mejorar las condiciones laborales y de vida de la policía, enfocado en cuatro puntos: recomposición económica, salud mental, alojamiento y transporte, con un enfoque de diálogo y optimización de recursos.
El malestar policial se evidenció en los testimonios de los afectados. Un policía retirado declaró su preocupación por la situación de sus colegas y la seguidilla de suicidios. Mientras tanto, una agente relató la falta de asistencia psicológica y jornadas laborales extenuantes, donde solo pueden descansar 24 horas en una semana.
En respuesta al conflicto, el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, consideró que la protesta intenta desestabilizar los avances logrados en materia de seguridad y anunció que al menos 20 funcionarios policiales serán pasados a disponibilidad, con retiro de sus armas y chalecos.
Cococcioni sostuvo que las manifestaciones serían impulsadas por personas ligadas a sectores policiales desplazados por delitos graves. Además, reiteró el apoyo al jefe provincial, quien intervino directamente para evitar el bloqueo del portón de la Jefatura durante los disturbios.
El ministro reconoció que los reclamos son legítimos y que todavía no han sido solucionados, pero advirtió que no aceptarán que la seguridad pública sea utilizada como moneda de negociación. Insistió en que ciertos intereses externos se han sumado a la protesta, desviando el eje de las demandas originales.