El bloque de la UCR solicitó al Ejecutivo evaluar la continuidad del contrato con CECAITRA, tras observaciones del Tribunal de Cuentas y causas judiciales en curso.
El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) del Partido de San Pedro presentó un proyecto de resolución ante el Honorable Concejo Deliberante solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que evalúe la viabilidad y eventual rescisión del contrato de prestación de servicio de Prevención, Control y Fiscalización de Tránsito y Seguridad Vial, adjudicado a la empresa CECAITRA, responsable del sistema de fotomultas en el distrito.
La iniciativa fue impulsada por los ediles Paola Basso, Lucas Pisani, Hugo Binimelis y Yanina Batalla, quienes fundamentaron su pedido en presuntas irregularidades y observaciones realizadas por organismos de control provincial contra la entidad.
El proyecto recuerda que la contratación con CECAITRA (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina) fue convalidada mediante la Ordenanza 6661/24, tras una adjudicación dispuesta por Decreto 0485/2024, donde la empresa resultó ser el único oferente.
Entre los argumentos centrales, se destacan las recientes observaciones del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (HTC) contra el intendente de Tigre, Julio Zamora, por la concesión de un servicio similar a la misma entidad.
El fallo del HTC sostuvo que, a pesar de presentarse como asociación civil sin fines de lucro, CECAITRA opera como una empresa concesionaria, proveyendo equipamiento, administrando el sistema y participando en la percepción de los cobros, sin contar con la capacidad jurídica necesaria para el servicio que presta.
Además, el bloque radical mencionó causas judiciales activas en los Departamentos Judiciales de La Plata y Campana, donde se llevaron a cabo allanamientos a la sede de CECAITRA por presuntas irregularidades en facturación y direccionamiento de multas. Una de esas causas derivó en la renuncia del exministro de Transporte provincial, Jorge D’Onofrio, tras la presunta implicación de su pareja, la concejal Claudia Pombo, en la derivación de gestiones vinculadas al sistema.
En sus artículos, la resolución solicita al Ejecutivo que, previa consulta con organismos de contralor y Asesoría General de Gobierno, analice la viabilidad de la contratación y la posible rescisión del convenio vigente.
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