Los concejales que integran los bloques de Juntos por el Cambio, UCR, La Libertad Avanza y Pro Libertad han presentado un proyecto de comunicación solicitando informes al Departamento Ejecutivo sobre el controvertido pedido de desalojo del Centro Universitario Regional (CUR) de San Pedro.
Entre los puntos más destacados, los ediles exigen que, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la aprobación del proyecto, se explique por qué el Jefe de Gabinete exige el desalojo del espacio ocupado por la Municipalidad en el CUR, cuando no existe una representación municipal conforme a la Ley 16760/1958 y sus modificatorias, sin que el Honorable Concejo haya modificado el destino del inmueble.
Los concejales también reclaman explicaciones sobre los motivos del desalojo de una entidad que identifican como «una institución educativa con una destacada labor en los estudios universitarios en San Pedro, ocupando un sector reducido del edificio de 2000 m2, sin interferir con las oficinas municipales».
Otro de los puntos del proyecto cuestiona por qué no se ha reparado el edificio vandalizado de la ex Terminal de Ómnibus, como se había propuesto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para el desarrollo del Plan Puentes. En este sentido, se destaca la disposición de un aporte de treinta millones de pesos del gobierno provincial, cuyo destino aún se desconoce.
El punto d) del pedido de informes es particularmente llamativo debido a sus implicancias políticas. En él, los ediles consultan al Intendente Cecilio Salazar sobre las medidas que tomará para preservar sus potestades legales frente al accionar del Jefe de Gabinete.
En caso de que el pedido sea aprobado, el informe reclamado al Ejecutivo deberá incluir un detalle de los convenios vigentes entre la Municipalidad de San Pedro, el CUR y las diferentes instituciones universitarias que autorizan el uso del edificio por parte de la entidad educativa.
Finalmente, los concejales hacen referencia a las declaraciones del Director de Educación y Capacitación, Alan Ocampo, solicitando una aclaración sobre sus dichos respecto a la percepción de “retornos” por parte del CUR y el supuesto lucro con la educación superior, y exigen conocer qué medidas se han tomado si tales actos configuran un delito.